DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN COLOMBIA

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO
COLOMBIA

En Colombia, a través de un proceso social y político por reconocer de otro tipo de migraciones, el denominado desplazamiento forzado interno, que se desarrolla dentro del mismo territorio nacional hacia diversas regiones, que en Colombia en 1995 superaba el medio millón, y por lo cual fue promulgada la ley 387 de 1997 y impulsado por la declaración de los principios rectores del desplazamiento Interno Forzado (Acnur, 1998) y con el apoyo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales.

Los efectos de esta ley sobre los aspectos negativos del desplazamiento han sido precarios, al tratar de exponer sus efectos sobre la restauración del desplazado y ante la concurrencia en continuos y progresivos desplazamientos, inclusive con la negativa de la administración nacional, que en boca de un alto interviniente de la política del gobierno central no es desplazamiento sino que las personas migran voluntariamente, esto no puede provenir más que de un sínico personaje de la cúpula presidencial, y primo del mafioso más significativo del país, José Obdulio Gaviria, que adorna el matiz de este conflicto.
En el año 2006 se tuvo registro de alrededor de 3 millones de desplazados en el país, “el 87% de los municipios han registrado expulsión de la población, el 71% han sido receptores; además, se calcula que alrededor de 4,8 millones de hectáreas han sido forzosamente abandonadas (Conferencia Episcopal Codhes, 2006, 142)”, estas cifras permiten ilustrar la magnitud del conflicto, de manera que queda expuesta una contextualización previa para adentrarnos en el análisis de la problemática.

El desplazamiento, antes que un suceso intempestivo e inesperado, es el resultado de un proceso de exacerbación de un ambiente de terror, de miedos acumulados, de una ya larga historia de control de la población por parte de los grupos armados (Castillejo, 2000)

Puede verse, que lo que produce finalmente el desplazamiento es la generación de una condición de temor tal que desemboca en la única solución posible, de huir de las condiciones de vida impresas sobre una comunidad o población, sobre las que se ha ejercido la violencia en diversas formas y de manera constante. Se genera pues en las comunidades un daño en la salud mental de manera que al afectar su entorno social, sus relaciones humanas, estas modifican sus estaos emocionales y por ende su salud mental, que muchas veces no consiste en él solo traslado de la población de un lado a otro, sino que considera el exterminio del grupo familiar, de algunos de ellos, y de su grupo social.
El ambiente queda expuesto pues a una casi insuperable situación de abandono institucional y de olvido, puesto que al ingresar a una nueva comunidad o territorio estos son de condiciones sociales precarias y no son en muchos casos tratados con base a su desventaja. El Estado no proporciona elementos para volver a sus tierras, incluso después de la negociación entre paras y el Estado, no se han devuelto la totalidad de los territorios, y aunado a esto, el legislador, patrocinado en su mayoría por paramilitares pretende dejar la carga de la prueba a quienes aleguen ser los propietarios de las tierras de donde presuntamente fueron expulsados, de ahí que muchos personajes, com los cultivadores de palma de cera, que tuvieron crecimientos exponenciales de terrenos inexplicables donde se realizaron desplazamientos de familias enteras, para lo cual algunos alegan el deber de estos de probar que esas tierras les pertenecen de manera legitima.
En los desplazados se genera una condición de desconfianza, inseguridad frente a todos los individuos que pretenden relacionarse con ellos, por lo cual se debe trabajar en este sentido en la salud mental del paciente, de manera que este convive en unas condiciones de incomodidad y temor deplorables.
Para compensar la balanza social deformada por el desplazamiento, requiere la intervención del Estado, prestando un servicio de justicia más eficiente de manera que pueda llegarse a la verdad justicia y reparación, donde junto con inversión en infraestructura se deben volverá ubicar en los sitios de donde provienen, de manera que puedan retomar sus vidas, siquiera de manera que se disminuyan los impactos del conflicto.
Para llevar a cabo estos cometidos, debe construirse una memoria histórica frente a la problemática de cada comunidad y desplazado, de manera que la verdad institucional se ajuste a la verdad de las víctimas, de manera objetiva y que incluyan la verdad en la historia donde todos puedan comprender la magnitud del daño causado, y que constituye un paso fundamental para la reconstrucción del tejido social destruido.
Dicho trauma psicosocial, esta derivado de la alienación y enajenación de la identidad de comunidad es y pueblos que perdieron su identidad por la profanación de sus territorios y hogares, donde se les robaron la identidad cultural y social, perdieron su dignidad y que requiere que se repare dicho daño, donde se les preste y posibilite la posibilidad de reiniciar sus vidas, establecer de nuevo sus hogares y hacerse su sustento con oportunidades concretas respaldadas por el Estado. Una vez sea posible reivindicar la dignidad e identidad de los desplazados se puede hablar de un tratamiento de la salud mental de estos con miras a reestructurar la realidad social que llevan, para que regresen a sus vidas antiguas, y en condiciones mejoradas, donde el Estado se presente de manera activa y participe de los procesos de desarrollo de la comunidad.
El trauma psicosocial requiere que las victimas tengan una verdadera posibilidad de reiniciar su vida, bien sea retornando a sus lugares de origen o reiniciando sus vidas en otros sitios, donde se garantice que podrán iniciar una vida digna y con posibilidades de desarrollo personal y colectivo. Es necesario que se hagan procesos que permitan construir una verdad para las víctimas, que se incluya sus historia dentro de las historia del país, de manera que quede el precedente de su tragedia, creando la memoria histórica y buscando superar el trauma psicosocial, lo que es imposible sin la intervención de las entidades estatales y de organizaciones internacionales de derechos humanos y ONG´S que participen de los procesos de reconstrucción de la sociedad colombiana desplazada.